Militares, marinos, aeronáuticos, personal de policía, políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios, diplomáticos, jueces y desertores de la guerrilla.
Las víctimas de las organizaciones guerrilleras en Argentina en los años setenta son personas ―en su mayoría efectivos militares y policiales―[1][2] asesinadas en enfrentamientos armados o en cautiverio, secuestradas o heridas por las guerrillas (ERP, FAR, Montoneros, FAP y otras organizaciones armadas de izquierda),[3] que pretendían tomar el poder,[4] durante su período de mayor actividad[5] desde fines de los años sesenta, hasta su práctica disolución a fines de la década de los setenta, luego de la violenta represión llevada a cabo por los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez y de la subsiguiente dictadura militar. Los reivindicadores de las víctimas de las organizaciones guerrilleras denominan tal período como "conflicto armado interno de Argentina".[6]
Esas organizaciones guerrilleras tenían carácter irregular tanto durante los gobiernos constitucionales como en los períodos de 28 de junio de 1966 al 25 de mayo de 1973, y del 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983 en los cuales el poder era detentado de facto por las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Argentina en carácter de Estado, aunque de facto durante la última dictadura militar.[7]
Tanto los organismos de derechos humanos como el Poder Judicial de Argentina rechazan la pretensión de asimilar a las víctimas de las organizaciones terroristas guerrilleras con las del terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura.[1][8][9][10] Además, varios fallos judiciales rechazaron los reclamos al Estado de pago de compensaciones económicas formulados por familiares de esas víctimas de las guerrillas.[11][12]
En una entrevista para la revista española Cambio 16, el exdictador Jorge Rafael Videla señalaba sobre el concepto: «El término víctima del terrorismo no fue tenido en cuenta, se veían muertos y víctimas por atentados, pero los consideramos víctimas como tales de estas acciones subversivas. Hubo también secuestros y asesinados, pero nunca se les vio como víctimas del terrorismo».[14]
Tres años después de las declaraciones de Adolfo Scilingo de los pormenores sobre los “vuelos de la muerte” y del reconocimiento que el general Martín Balza hiciera para pedir disculpas por las torturas y la desapariciones de personas perpetradas por el Ejército, el general Ramón Díaz Bessone publicó tres volúmenes de In Memoriam (1998) que sentaron las bases para el giro de la memoria militar hacia la figura de las «víctimas de la subversión». Según Valentina Salvi, en esa obra el asesinato de una niña de 4 años, Guillermina Cabrera, hija de un capitán del Ejército, ocurrida en marzo de 1960, ocupa el lugar protagónico que siempre había ocupado en la memoria militar el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu.[15]
Fueron 1094 víctimas asesinadas por los grupos guerrilleros, según los últimos registros.[16] Por acciones que en su mayoría fueron llevadas a cabo por el ERP las fuentes que han contabilizado las listas más profusas llegan a casi 700 personas.[2]
Hugo Gambini publicó dos listas que, además de los nombres de «547 militares, marinos y aeronáuticos (oficiales, suboficiales y soldados); personal de policía, gendarmería y de prefectura», contiene los de 230 civiles, «políticos, empresarios, sindicalistas, funcionarios, diplomáticos, jueces, niños y desertores de la guerrilla» víctimas de estas organizaciones.[17]
"deshonró la gloriosa tradición de lucha del gremio azucarero poniéndose al servicio de la criminal oficialidad del ejército opresor desde la iniciación del feroz operativo antiguerrillero en curso...entregó al enemigo numeros y legajos de los mejores luchadores".[19]
A veces además del objetivo principal había víctimas que podían no tener relación. Por ejemplo en el asesinato del general Cesáreo Ángel Cardozo con una bomba tuvieron heridas su esposa e hijas;[27][28] la bomba que mató al comisario Alberto Villar lo hizo también con su mujer,[29] en el asesinato del general Jorge Esteban Cáceres Monié fue muerta a tiros su esposa,[30] al ser asesinado el capitán Humberto Viola también lo fue su hija María Cristina de 3 años, en tanto la otra, María Fernanda, de 5, resultó muy herida;[31] la esposa de Arturo Gay fue muerta en el asalto al Regimiento de Azul, y Paula ―la hija de 15 años del almirante Armando Lambruschini― murió al estallar una bomba en su domicilio, hecho que cobró la vida de dos vecinos;[32] cuando mataron al general Juan Carlos Sánchez, una bala perdida mató a la señora Cuco de Ayala que atendía un kiosco en esa esquina.[33] y cuando colocaron una bomba en un comedor policial al que raramente acudían altos oficiales, mataron seis personas que no realizaban tareas policiales en el lugar y a la visitante Josefina Melucci de Cepeda, de 42 años, casada, tres hijos, que había ido a comer con una amiga que también murió.[34]
En otro caso, el 8 de diciembre de 1975, cuando explotó un coche bomba enfrente de la Universidad de Belgrano, que mató a la estudiante Laura Ferrari (18 años). Esta acción no tenía como objetivo el asesinato de una persona específica. Por ello su madre, Lorenza Ferrari, considera que fue un acto de "terrorismo puro".[41]
El 17 de diciembre de 1975 fue asesinado en un atentado el intendente del Partido de General San Martín, Alberto Manuel Campos, según Laura Ehrlich atribuido a Montoneros.[42] En el mismo acto también resultaron muertos el Secretario de Hacienda, Carlos Ferrín, el chofer que los trasladaba, Santiago Álvarez, y un empleado municipal.
Los siguientes datos fueron dados por la defensa del dictador Roberto Eduardo Viola y la sentencia considera que la atribución de todos los hechos a organizaciones guerrilleras eran "a lo menos, dudosa".
Según la Policía Federal entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 138 hechos delictivos protagonizados por los grupos guerrilleros contra civiles, 9 secuestros y 3 atentados. Según la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 20 homicidios de civiles y, según el Ejército Argentino, entre 1969 y 1979 hubo, en el ámbito que le compete, 21642 acciones de la guerrilla: 8000 atentados explosivos, 1052 atentados incendiarios, 1311 secuestros de artefactos explosivos y 132 secuestros de material incendiario, 2013 intimidaciones con arma, 252 actos contra medios de comunicación social, 1748 secuestros, 1501 asesinatos, 551 robos de dinero, 589 robos de vehículos, 2402 robos de armamentos, 36 robos de explosivos, 111 robos de documentos, 17 robos de uniformes, 19 robos de material de comunicaciones, 73 robos de material sanitario, 151 de materiales diversos, 20 copamientos de localidades, 45 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad, 22 copamientos de medios de comunicación social, 80 copamientos de fábricas, 5 copamientos de locales de espectáculos públicos, 261 repartos de víveres, 3014 actos de propaganda, 157 izamientos de bandera y 666 actos intimidatorios.[43]
Agrupaciones de familiares
Las asociaciones de familiares son muy criticadas desde algunos medios que los acusan de justificar los crímenes de la dictadura y de reivindicar el terrorismo de Estado.[44][45][46][47] Un sector de los familiares de las víctimas se agruparon en la asociación Familiares de Muertos por la Subversión (FAMUS) cuya vocera fue por muchos años Eve Solari de Berdina pero fue disuelta en 1991.[48] FAMUS sostuvo que «la guerra no había terminado», ya que los «asesinos» se convirtieron en «víctimas sacrificadas» y los «héroes» en «prisioneros de guerra».[15]
Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV)
En 2006, Victoria Villarruel fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y su Víctimas (CELTYV) para agrupar a familiares de quienes padecieron a las organizaciones armadas.[49][44] CELTYV con el objeto de contabilizar, defender y darle voz a las víctimas del terrorismo de izquierda, se basa en testimonios directos de los familiares y propone que otros más se acerquen a para reclamar por sus DD.HH. no reconocidos por el Estado argentino.[50][9][11][1][8][12]
Cecilia Pando, esposa de Mercado, un mayor del ejército, fundó la «Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina».[51] También existe una «Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Argentina» (AVTA) y la agrupación «Argentinos por la Memoria Completa».[47]
Comparación de los delitos de la guerrilla con el terrorismo de Estado
Las agrupaciones de familiares de víctimas consideran que la memoria social sobre la década de 1970 es una memoria “parcial”, por eso proponen la Memoria Completa. Este concepto, no sólo se apropia sino que también resignifica dos de las consignas históricas levantadas por los organismos de derechos humanos: Memoria y Verdad. De modo de presentar un relato sobre el pasado reciente tanto más verosímil cuanto más claro se refleja y se contrapone a la memoria de los desaparecidos y a la lucha de los organismos de derechos humanos.[15]
Algunos sectores que exigen justicia y reparaciones para las víctimas de la guerrilla compararan los delitos imprescriptibles de lesa humanidad englobados en el terrorismo de Estado con los delitos de las organizaciones armadas guerrilleras. En 2008 la diputada Nora Ginzburg, presentó un proyecto, que no prosperó, para otorgar a los asesinatos a manos de la guerrilla estatus de crimen de lesa humanidad.[52] La justicia argentina no aceptó colocar en un pie de igualdad ambos tipos de delitos a los efectos de la prescripción.[9][11][1][8][12][10]
Es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables.
Nuevo prólogo del Nunca más, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, 2006.[53]
En el caso de Argentino del Valle Larrabure, secuestrado durante 372 días por el ERP, tras lo cual apareció ahorcado, Marcelo Martín Bailaque ―juez federal IV de Rosario― ratificó el dictamen del fiscal general, que lo consideraba un crimen de lesa humanidad.[54] Este fallo fue rechazado por la agrupación HIJOS.[11] El juez señaló que correspondía dar intervención a la «Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado», pero la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, a cargo del fiscal general Jorge Auat y el coordinador de la unidad, Pablo Parenti, elevaron un informe que se oponía al fallo del juez y explicaba por qué «no es posible aplicar al caso la categoría de los crímenes de lesa humanidad ni la de los crímenes de guerra».[55]
Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, en una entrevista periodística, declaró que, de ocurrir estos hechos en el contexto de las leyes internacionales actuales, podrían definirse como crímenes de lesa humanidad, ya que dichas leyes los definen como un ataque masivo y sistemático a la población civil, sin ser necesaria la intervención o aval del Estado.[56]
Según Gustavo Bossert, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es posible calificar los delitos cometidos por las organizaciones armadas como de lesa humanidad ya que, no se ha logrado hasta ahora una definición universal aceptada de terrorismo para calificarlo como "delito contra la humanidad". Ningún organismo internacional, ni la Convención Interamericana contra el Terrorismo ni el Estatuto de Roma han definido los crímenes cometidos por organizaciones terroristas como crímenes de lesa humanidad.[8]
Reparación y recuerdo de las víctimas
De las citadas diferencias entre crímenes imprescriptibles del terrorismo de Estado y crímenes de la guerrilla se desprende que las reparaciones y recuerdo de las víctimas de ambos crímenes son también diferenciados, algo criticado por los sectores que buscan un reconocimiento de las víctimas de las guerrilla. En este sentido, el dirigente peronista Julio Bárbaro manifestó que éstas deberían estar en los museos de la memoria y que «nuestra sociedad necesita que esos grupos guerrilleros asuman sus responsabilidades de otros tiempos; de lo contrario, este conflicto y sus consecuencias parecen lejos de un posible final».[57]
La Cámara de Diputados aprobó en 2012 un fallido proyecto de ley de los diputados formoseños Buryaile y Díaz Roig, que establecía que las familias de 16 personas muertas por los integrantes de Montoneros en el ataque al Regimiento de Infantería Monte 29 de Formosa ―diez conscriptos, dos policías provinciales, dos civiles y un subteniente y un sargento pertenecientes al Ejército―, percibirían como indemnización por única vez, un millón de pesos.
La aprobación fue con 135 votos a favor, 18 en contra y 43 abstenciones, con votos cruzados entre los bloques peronistas, radicales y socialistas.[58][59][60] Hubo declaraciones de rechazo al otorgamiento de indemnizaciones de la agrupación HIJOS[61] y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre[62] y la ley no fue tratada en el Senado, perdiendo en 2014 estado parlamentario.[63]
Homenaje en Formosa
En la provincia norteña, desde 2002 ―a partir de la sanción de la ley provincial n.º 1395―, los 5 de octubre de cada año se conmemora el Día del Soldado Formoseño.[64] En dicha fecha se realiza un acto homenaje público en la Plaza de Armas de la Victoria del Regimiento de Infantería de Monte 29, encabezado por el gobernador de la provincia y las autoridades de las fuerzas armadas.[65]
↑ abcdYanzón, Rodolfo (31 de octubre de 2011). «La mala memoria del diario “La Nación”». Tiempo Argentino. Consultado el 31 de octubre de 2011. «el accionar de las organizaciones terroristas recayó fundamentalmente sobre efectivos militares y policiales (...) el Estado brindó inmediata respuesta en un caso y ninguna hasta 1984, en el otro (...) La Nación oculta su objetivo verdadero, que es la impunidad para quienes hoy están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad. No les importan las víctimas, sino su utilización para otros fines».
↑ abProyecto Desaparecidos. «Militares Muertos Durante la Guerra Sucia». Consultado el 15 de julio de 2010. «Cita fuentes militares publicadas por Clarín y de Organismos de derechos humanos».
↑ abc«La Justicia rechazó la reapertura de una causa contra Montoneros». Página/12. 18 de agosto de 2011. Consultado el 16 de noviembre de 2011. «El fallo de Arroyo Salgado está en sintonía con la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, que en sus fallos no consideró delitos de lesa humanidad, es decir imprescriptibles, a los cometidos por las organizaciones que actuaron durante la década de 1970».
↑ abFeinmann, José Pablo (15 de julio de 2012). «El Genocidio Armenio». Página/12: Contratapa. Consultado el 15 de julio de 2012. «La derecha procesista se obstina en resaltar algunos casos de “muertos por la guerrilla” que son repudiables, pero aun así de nada sirven para empatar nada. No hay empate y hay un solo demonio: el que no entregó los cuerpos.»
↑ abcdGinzberg, Victoria (27 de agosto de 2008). «El fallo que no fue». Página/12. Consultado el 1 de noviembre de 2011. «todos los indicios sembrados en sus fallos (de la Corte Suprema) vinculados con crímenes de lesa humanidad permiten inferir la posición de la actual composición del máximo tribunal: la necesaria participación del Estado o de organizaciones vinculadas con el Estado para considerar que un crimen es imprescriptible.»
↑ abcRivero, Juan; Durruty, Gabriela (25 de agosto de 2008). «Contra la teoría de los dos demonios». Página/12. Consultado el 1 de noviembre de 2011. «La decisión del juez Marcelo Bailaque de habilitar la figura de delito de lesa humanidad en el caso Larrabure provocó el repudio unánime de víctimas, familiares y abogados que vienen trabajando para impulsar las causas por terrorismo de Estado.»
↑CONADEP (mayo de 1995). «Prólogo». Nunca Más (20ª edición). Eudeba. p. 9. ISBN950-23-0584-1. Archivado desde el original el 20 de abril de 2002. «porque la lucha contra los «subversivos», con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible.»
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↑Carnovale, Vera (2007): «En la mira perretista: las ejecuciones del “largo brazo de la justicia popular”», Jornada Académica: Partidos armados en la Argentina de los setenta, Centro de Estudios de Historia Política, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín, disponible en línea.
↑Yofre, Juan Bautista (2009). Fuimos Todos. Buenos Aires: Sudamericana. pp. 112/113.
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↑Al no hacerse el pago, la mataron, pero como la organización no había reivindicado el hecho y la joven tenía un antecedente por consumo de drogas, se creyó que no estaban involucrada ninguna organización guerrillera. Con esa convicción su familia enterró el cadáver cuando apareció a los cuatro meses y solo casi 40 años después pudo conocer la verdad a través de uno de los guerrilleros. Bufano, Sergio (2010): «El crimen de Novakovsky», en la revista Lucha armada en la Argentina, anuario 2010; Buenos Aires, 2010.
↑Artículo del 22 de enero de 2011 en el diario Perfil (Buenos Aires).
↑ abCorbière, Federico (12 de enero de 2011). «Simpatía por el demonio». Página/12. Consultado el 16 de noviembre de 2011.
↑«Torturador, nazi y amigo de Aldo Rico». Página/12. 12 de marzo de 2006. Consultado el 15 de julio de 2010. «Famus (la agrupación pro dictadura que reunía a los “familiares de las víctimas de la subversión”)».
↑«El verdadero rostro de Cecilia». Página/12. 7 de agosto de 2008. Consultado el 15 de julio de 2010. «Este año la tropa pandista intentó disputar cada martes la Plaza de Mayo. Un grupo raleado pintó crespones cerca de los pañuelos de las Madres para pedir justicia por “los muertos por la subversión” [...] Famus, la entidad que durante el alfonsinismo había intentado contrarrestar la lucha de los organismos defensores de los derechos humanos.»
↑ ab«Expertos en cadenas de mails». Página/12. 6 de octubre de 2006. Consultado el 21 de noviembre de 2011. «Cecilia Pando, la esposa del mayor Rafael Mercado, separado del Ejército por compartir la reivindicación del terrorismo de Estado de su mujer».
↑«"¿Quiénes son víctimas del terrorismo?"». CELTYV. «Existe acuerdo en la comunidad internacional para entender que Víctima es toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas del Derecho Internacional Humanitario. También en los casos en que corresponda y de conformidad con el derecho interno de cada país, el término víctima también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.»
↑Righi, Esteban (29 de noviembre de 2007). "Resolución Procuración General de la Nación 158/074". Buenos Aires. p. 2. Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2011. Consultado el 18 de noviembre de 2011.Texto «máscaraautor: Procuración General de la Nación» ignorado (ayuda)
↑Bárbaro, Julio (1 de diciembre de 2010). «Dos peronismos en pugna». La Nación. Consultado el 27 de noviembre de 2011. «Cómo no citar a Tzvetan Todorov, quien en su reciente visita a Buenos Aires, expresó: "Estoy sorprendido por el hecho de que los monumentos a la memoria que existen aquí no incluyen a las víctimas del terrorismo". Encontrar un verdugo no resuelve los errores de la víctima ni legitima sus propuestas. La dictadura y sus cultores deben ser descartados para siempre; la guerrilla y sus seguidores merecen un lugar en la propuesta de unidad nacional, por su dignidad y su sacrificio; no por sus aciertos o su lucidez, inexistentes ambos. Nuestra sociedad necesita que esos grupos asuman sus responsabilidades de otros tiempos; de lo contrario, este conflicto y sus consecuencias parecen lejos de un posible final.»
