Carlos Soublette decretó la ley de expulsión en un contexto de alta polarización política.
La campaña emprendida por los revolucionarios independentistas de 1819 permitió crear un aparato político y militar que habilitó la posibilidad de expulsar a los españoles,[2] en un contexto de guerra a muerte decretada por Simón Bolívar en 1813 donde, según Bolívar «todos los españoles europeos y canarios fueron casi sin excepción fusilados».[3]
Historia
Concluida la guerra, el vicepresidenteCarlos Soublette emitió un decreto ordenando la expulsión de todos los españoles (peninsulares y canarios) del territorio colombiano que no demostrasen haber formado parte del movimiento independentista, exceptuando a los ancianos de más de 80 años de edad y los empleados del Ejército.[3][1] José Antonio Páez, quien aspiraba lograr una solución negociada al conflicto post-independentista, medió para deshacer el decreto, pues la república aún no se había hecho con la ciudad de Puerto Cabello.[4]
Debido a esto, se debatió qué hacer al respecto en el Consejo de Gobierno, en Bogotá, conscientes de que no era conveniente revocarla porque daría muestras de debilidad del naciente gobierno republicano.[4] Se aclaró entonces que la ley exceptuaba a aquellos que hicieran servicios invaluables a la República o cuya labor fuera reconocida su decisión por la causa emancipadora.[4] El secretario de Guerra y el vicepresidente regional Francisco de Paula Santander se opusieron a derogarla, argumentando que los españoles eran la causa de las sublevaciones ocurridas en Pasto, Ciénaga, Ocaña, Zulia y las sabanas al oeste de Cartagena. Acordaron pedirle a Páez que propusiera concesiones en el proceso de negociación con los españoles en Puerto Cabello sin que la derogación de la ley fuese una de ellas.[4] El principal lugar al que arribaron los desterrados españoles fue Puerto Rico, donde existe constancia de la recepción de 3555 refugiados.[1]
