Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
Transparencia gubernamental es la obligación del cualquier Estado Democrático de poner a disposición de sus ciudadanos, a través de los poderes e instituciones que lo conforman, la información que revele qué es y qué hace dicho Estado, así como los órganos que son parte del mismo. La transparencia Gubernamental se constituye como la política orientada a dar carácter público a través de un flujo de información accesible, completa, verificable y relevante.
Concepto
Es la obligación de los órganos del Estado de poner a disposición de todos sus gobernados la información que muestre la estructura y el funcionamiento de cada órgano gubernamental a partir de su actuación, en el ejercicio de sus atribuciones. Tiene por objeto producir un ambiente de confianza, seguridad y veracidad entre el gobierno y la sociedad, de tal manera que los ciudadanos estén informados y conozcan las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información generada por el sector público, en un marco de abierta participación social y escrutinio de carácter público.
La transparencia busca también formar a una ciudadanía responsable y participativa, que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones, y colabore activamente en el fomento a la integridad y combate a la corrupción.
Historia
En el año de 1776, luego de un periodo convulso, un sacerdote sueco-finlandés que era diputado, economista, tabernero, hombre culto y viajero, Anders Chydenius, impulsó la primera ley de acceso a la información gubernamental de que el mundo tenga memoria: la “Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas” del país sueco.
Suecia encaró valerosamente el desafío de la modernización de su gobierno en la última parte del siglo dieciocho y lo hizo colocando el criterio básico de la transparencia como envoltura de su estrategia. Nadie fue más lejos que Suecia durante todo el siglo XVIII y XIX (aún si tomamos muy en cuenta el notable esfuerzo colombiano de 1888), y algo más: los suecos lo hicieron eficazmente, sin estruendo, sin las jactancias típicas de las potencias, evitando dar lecciones al resto del mundo.
Quizás por eso, el resto del mundo, no pudo darse cuenta de la centralidad del rasgo sueco, pues la idea del acceso irrestricto a los documentos públicos tardaría en cobrar toda su fuerza hasta dos siglos después, en la vecina Finlandia (1951), en Estados Unidos (1966) y en Dinamarca (1970), para volverse luego parte de la oleada democratizadora en los últimos cinco años del siglo XX, breve periodo en el cual, más de 40 países del mundo –incluido México– tomaron su ejemplo e instituyeron sus propias leyes de acceso a la información. El fenómeno es de tal magnitud y universalidad, que al segundo semestre de 2005, existen ya 62 países con leyes de transparencia, y la suma sigue creciendo.[1]
La cronología de la aprobación de las leyes de acceso a la información a nivel internacional resulta muy ilustrativa:
1766
Suecia
1888
Colombia
1951
Finlandia
1966
Estados Unidos
1970
Dinamarca
Noruega
1978
Francia
1982
Australia
Nueva Zelanda
1983
Canadá
1987
Austria
Filipinas
1990
Italia
1991
Holanda
1992
Hungría
Ucrania
1993
Portugal
1994
Belice
Bélgica
1996
Islandia
Lituania
Corea del Sur
1997
Tailandia
Irlanda
1998
Israel
Letonia
1999
República Checa
Albania
Georgia
Grecia
Japón
Liechtenstein
Trinidad y Tobago
Sudáfrica
2000
Inglaterra
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Lituania
Moldavia
Eslovenia
Estonia
