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Movimiento inquilinario de 1925
	; Soldados estadounidenses acantonados en el Parque de Santa Ana.
Fecha	11 de octubre de 1925 - 23 de octubre de 1925
Lugar	Santa Ana y Calidonia
Causas	Aumento del costo de los alquileres en Panamá; La Ley n.° 29; La muerte de Ferdín Jaén, Mariano Mirones, Emilio Olivardía y Lorenzo Brown[fuente cuestionable]; La respuesta violenta por parte del gobierno en la «Huelga de no pago»;
Objetivos	Disminución de los costos del alquiler;
Resultado	Intervención estadounidense en Panamá Prohibición de los mítines por parte del alcalde Mario Galindo.; Enfrentamientos entre la Policía Nacional y los «inquilinos»[fuente cuestionable]; Rodolfo Chiari decidió invocar el artículo 136 de la Constitución de 1904 y solicitó una intervención militar de Estados Unidos para «para restablecer el orden público».; Retroceso de la Ley n.° 29 Chiari exigió a los propietarios que rebajaran el alquiler a hasta un 10 % menos que en la tarifa que impuso en 1925.; Sin embargo, la renta continuó aumentando hasta un 50 % y un 75 %, lo que hizo que otra crisis ocurriera en 1932.;
Partes enfrentadas
Liga de Inquilinos y Subsistencia	Gobierno de Panamá Policía Nacional de Panamá; Zona del Canal de Panamá; 600 soldados estadounidenses;
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El movimiento inquilinario de 1925 o huelga inquilinaria de 1925^[5], fue una serie de manifestaciones y huelgas generales en respuesta a los altos costos de los alquileres en Ciudad de Panamá y Colón que fueron impuestos por el gobierno de Rodolfo Chiari mediante la Ley n.° 29, que aumentaba el precio de los alquileres entre un 25 % y un 50 %.^[6]^{[fuente cuestionable]}

Antecedentes

Durante la década de 1835 a 1845, el desarrollo de la navegación a vapor y la fiebre del oro generaron una significativa corriente migratoria hacia California, intensificando el tránsito a través del Istmo de Panamá. Desde una perspectiva económica y política, la construcción del ferrocarril transístmico fue crucial, llevando al surgimiento del Puerto de Colón y desplazando la mano de obra de la agricultura, ganadería y minería.^[7]

En 1849, con el inicio de las obras del ferrocarril, Panamá recibió una nueva oleada migratoria, incluyendo chinos y antillanos, atraídos por la demanda de jornaleros en la construcción del canal por los franceses.^[7] Los empresarios aprovecharon la situación construyendo casas de madera con numerosos cuartos destinados al alquiler para trabajadores y visitantes involucrados en el proyecto del canal. Sin embargo, las condiciones de los arrendatarios eran deplorables, caracterizadas por insalubridad y falta de comodidades.^{[cita requerida]}

Tras la separación de Panamá de Colombia, la afluencia de trabajadores de distintas nacionalidades—españoles, italianos, griegos, colombianos y antillanos—se incrementó nuevamente, atraídos por la continuación de la construcción del canal. Los propietarios explotaban a los arrendatarios, quienes sufrían por las pésimas condiciones habitacionales de las propiedades en alquiler.^{[cita requerida]}

Rodolfo Chiari, al asumir la presidencia, enfrentó una difícil situación económica heredada de las grandes inversiones de Belisario Porras y la inflación post-Primera Guerra Mundial. En respuesta, Chiari implementó una reforma en el gravamen de la propiedad urbana, aumentando la tasa del 2% sobre la renta bruta probable anual a un cinco por mil sobre el valor catastral de la propiedad. Esta medida afectó tanto a propiedades comerciales como no comerciales, llevando al empresario y exsecretario del Gobierno Tomás Arias a declarar que era imposible realizar negocios en las propiedades.^[8]

Como respuesta, la mayoría de los propietarios trasladaron el aumento fiscal a los inquilinos, impactando principalmente a las grandes masas de trabajadores y personas de bajos ingresos que habitaban en caserones alquilados. Esta situación exacerbó las tensiones sociales y motivó a la población a manifestarse exigiendo mejores condiciones de vivienda y precios justos que reflejaran la realidad económica del momento.^[8]

Sin embargo, enfrentados a la "imposibilidad humana de vivir fuera de un techo", y amparados por una burocracia gubernamental, los propietarios rechazaron las peticiones de los inquilinos, exacerbando las condiciones de vida de estos últimos y ampliando la brecha entre las necesidades habitacionales y las políticas implementadas.^[9]