Escopeta antidisturbios es un arma de fuego usada por policías antidisturbios y militares contra disturbios.[1] Es una modificación de una escopeta convencional con un cañón más corto que dispara cartuchos de escopeta modificados, perdigones o balines de acero y, a veces, con una capacidad de carga mayor que las escopetas comercializadas para la caza. Su uso se encuentra regulado por protocolos policiales que pueden cambiar de país a país.[2]
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado su uso ilegítimo y desproporcionado[3] como forma de brutalidad policial en el control de la protesta social al poder herir gravemente o asesinar a las personas al usar municiones o perdigones inadecuados o al ser accionadas indebidamente o a corta distancia.[4]
Uso
Chileno
Algunos modelos de escopetas antidisturbios y municiones no letales están permitidos en el país como forma de control policial a cuerpos como Carabineros de Chile. Algunos modelos son Escort Aimguard de la empresa turca Hatsan y Benelli M3 de la empresa italiana Benelli.[5]
Las escopetas antidisturbios usadas en las protestas en Chile de 2019 provocaron traumatismos oculares a cientos de personas al recibir disparos de municiones publicitadas como de caucho o goma pero compuestas principalmente por plomo, como concluyó la Universidad de Chile tras un estudio.[6] En 2012 un documento interno de Carabineros de Chile indicó recomendaciones en el uso de estas armas, advirtiendo su riesgo letal al usarse en cinco metros o menos de distancia, entre cinco y treinta y cinco metros con posibilidades de herir gravemente y a más de treinta y cinco metros conservar el poder de dañar el cuerpo, como en caso de los ojos.[5]
Colombia
Algunos modelos de escopetas antidisturbios y municiones menos letales están permitidos en el país como forma de control policial y están regulados por la Resolución 02903 Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales.[7][8]
Su uso está regulado por el artículo 11 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza promulgada en 2019.
Debido a distintos conflictos sociales estados como Puebla y Chiapas promovieron legislaciones que toleraran su uso, proyectos que fueron mediáticamente denominados Ley bala.