Las elecciones regionales y municipales de Perú de 2002 se llevaron a cabo el domingo 17 de noviembre de 2002 en todo el país, eligiendo autoridades para el período 2003-2006. Fueron convocadas por el presidente Alejandro Toledo mediante Decreto Supremo N° 021-2002-PCM (19 de marzo de 2002).[1] Se sometieron a elección 25 presidencias regionales, 194 alcaldías provinciales y 1634 distritales. La novedad en este proceso electoral fue la creación de los gobiernos regionales, electos por voto popular.
Los comicios se celebraron un año después del inicio de la transición a la democracia, tras la caída del régimen fujimorista, y representaron un intento significativo de restaurar el sistema partidario en el país. En estos comicios participaron partidos tradicionales como Acción Popular, el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano, este último en coalición con otros partidos de derecha bajo el nombre de Unidad Nacional, además de partidos recientemente creados como Unión por el Perú, Somos Perú (ganador de las anteriores elecciones municipales), Perú Posible y el Movimiento Nueva Izquierda, junto con otras agrupaciones menores.
Vamos Vecino, el partido fujimorista referente en las anteriores elecciones subnacionales, se disgregó tras la caída del régimen pues nunca había sido una organización coherente de alcance nacional más allá de asegurar apoyos locales para la reelección de Fujimori. Sin embargo, los demás partidos fueron incapaces de construir un proyecto político que trascendiera el final del fujimorato. A diferencia de la década de 1980, donde el sistema de partidos contaba con una sólida base, referentes intelectuales y un proyecto político coherente con su ideología, los nuevos partidos no desarrollaron una estructura permanente ni una organización ideológica.
Las organizaciones sociales del interior del país, parte importante de la lucha opositora para la caída del régimen fujimorista, demandaron una verdadera descentralización. Esto se dio tras la fallida experiencia de la constitución de regiones en 1989, disueltas por el fujimorato en 1992, junto con la demanda de mayor autonomía municipal. La visión que tenían de los partidos nacionales era que eran capitalinos y centralistas. Las presiones de estos sectores determinaron la voluntad política del nuevo gobierno para asumir la restauración de los gobiernos regionales sobre la base departamental del país, en conjunto con los tradicionales comicios municipales. Sin embargo, la convocatoria electoral se realizó con un marco legal de regionalización incompleto: la Ley de Gobiernos Regionales fue publicada apenas la noche anterior a la propia elección.
Por otro lado, la reforma del sistema electoral permitió a los candidatos independientes participar a través de una especie de partidos de ámbito departamental conocidos como movimientos regionales. Estos movimientos ofrecieron una plataforma para que los líderes locales presentaran sus candidaturas sin la necesidad de integrarse a los partidos nacionales establecidos. Sin embargo, muchos de estos no lograron inscribirse a tiempo debido a la falta de preparación y al corto plazo disponible para completar el proceso de registro. Las listas independientes, dominantes durante la década de 1990, volvieron a proliferar en las candidaturas a lo largo del país. Estas listas, con frecuencia, resultaban más atractivas para los electores a nivel local que los partidos, con candidatos con discursos sobre las necesidades y problemáticas específicas de sus comunidades; este enfoque localista contrastaba con los discursos más amplios y, a veces, abstractos de los partidos.
La situación política nacional estaba alterada tras las elecciones generales de 2001, ganadas por Perú Posible y su líder, Alejandro Toledo, elegido presidente. Sin embargo, las demandas sociales y las protestas contra la privatización llevaron a una caída masiva en la aprobación gubernamental, alcanzando mínimos históricos. En respuesta, el gobierno intentó abrir espacios de diálogo con los partidos de la oposición, que buscaban ganar las elecciones como una forma de balancear poderes frente al Ejecutivo. Toledo se mantuvo en un segundo plano durante los comicios, en parte debido al rechazo a la interferencia presidencial que había caracterizado al régimen de Fujimori. Además, a diferencia de las elecciones anteriores, el sistema electoral recuperó un nivel significativo de credibilidad tras el éxito en la organización de las generales, donde gozó de una amplia independencia por primera vez en casi una década.
Para su participación en las elecciones, el toledismo sufrió una fuerte crisis interna con enfrentamiento de facciones en su interior; esta división del peruposibilismo no permitió en varias oportunidades la promoción de candidaturas de consenso. El aprismo, la principal fuerza de oposición, manejó un doble discurso de acercamiento y crítica, con el fin de captar el sentimiento de descontento que empezaba a surgir en la población respecto del desenvolvimiento del gobierno central al inicio de su gestión. La coalición derechista Unidad Nacional también asumió un papel de oposición moderada. Somos Perú, aliado ocasional del gobierno, adoptó la estrategia de mantener los espacios municipales ganados por sus candidatos durante el régimen fujimorista. La propuesta de la izquierda peruana se dividió entre Unión por el Perú y el Movimiento Nueva Izquierda. Otros partidos menores también participaron en varias circunscripciones en el país.
Los resultados de las elecciones mostraron un panorama aparentemente favorable a los partidos y desfavorable para los independientes, una tendencia no vista desde las municipales de 1989. Sin embargo, los partidos no lograron alcanzar los resultados contundentes de la década de 1980. En las elecciones regionales, el aprismo se consolidó como la principal fuerza de oposición, ganando la mitad de los gobiernos regionales. Perú Posible apenas obtuvo uno, mientras que Unidad Nacional no ganó en ninguna circunscripción. Somos Perú, el Movimiento Nueva Izquierda, Unión por el Perú y el Frente Independiente Moralizador ganaron entre uno y dos gobiernos regionales cada uno, y el resto fueron ganados por movimientos independientes. Estas victorias, salvo excepciones como La Libertad, Tumbes y Loreto, fueron frágiles y con diferencias de voto muy cerradas, lo que afectó su legitimidad.
En el ámbito municipal, el Partido Aprista se convirtió en el partido con más municipios provinciales y distritales bajo su control por primera vez desde 1986. Unidad Nacional, gracias a su éxito en Lima, se convirtió en el partido más votado, ocultando parcialmente su limitada presencia a nivel regional. Somos Perú, aunque perdió el gobierno de la capital del país, fue de los pocos partidos que mantuvieron una significativa presencia municipal a nivel nacional. Los partidos lograron una destacada participación en las capitales departamentales, con el aprismo ganando en once provincias (Chachapoyas, Arequipa, Huamanga, Cajamarca, Ica, Huancayo, Trujillo, Maynas, Pasco, Piura y Moyobamba) y el accionpopulismo en una (Chiclayo). Vamos Vecino prácticamente desapareció del panorama político, Perú Posible tuvo poca aceptación por parte del electorado y pasó de ser el partido más votado en las generales de 2001 a ocupar el cuarto lugar.
Nuevamente, y a pesar de haber cedido buena parte de su espacio de poder subnacional a los partidos nacionales, los independientes consiguieron la victoria en gran parte de los gobiernos municipales, a través de listas o de los recién creados movimientos regionales. Sin embargo, estos movimientos mostraron cada vez más estar más cerca de ser empresas políticas personales que proyectos políticos de desarrollo local. No obstante, la tímida reaparición de un sistema de partidos creó un escenario político con oportunidades de recomposición para estos por los resultados favorables obtenidos en diferentes partes del país, expectativas que posteriormente demostrarían ser fallidas.
La Ley N° 27683 otorgó el marco legal para la convocatoria de elecciones regionales: creó los cargos de presidente y vicepresidente regional, electos en conjunto a un consejo regional, por un periodo de 4 años.[2] Los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao se constituían como un distrito electoral único y plurinominal;[3] a excepción de la provincia de Lima, que contaba con un régimen especial en su calidad de capital de la República.[2]
La elección era directa, con una lista cerrada y bloqueada.[3] Para la primera elección, se organizaron los consejos regionales con un número de escaños según el número de provincias que conformaban el departamento, con un mínimo de 7 y un máximo de 25 representantes.[3] Se asignaba a lista ganadora los escaños según el método D'Hondt o la mitad más uno, lo que más le favorezca. Las otras listas se repartían los escaños restantes por el método D'Hondt.[3]
Las municipalidades provinciales y distritales constituyen el órgano administrativo y de gobierno de las provincias y los distritos del Perú. Están compuestas por el alcalde y el concejo municipal (provincial y distrital). La elección se realizó en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en la provincia o el distrito y en pleno goce de sus derechos políticos, así como a los ciudadanos no nacionales residentes y empadronados en la provincia o el distrito.[4]
Los concejos municipales estaban compuestos por entre 5 y 15 regidores (excepto el de la provincia de Lima, compuesto por 39 regidores) elegidos por sufragio directo para un período de cuatro (4) años, en forma conjunta con la elección del alcalde (quien preside el concejo). La votación fue por lista cerrada y bloqueada. Se asignaba a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt o la mitad más uno, lo que más le favorezca. Las otras listas se repartían los escaños restantes por el método D'Hondt.[4]
La siguiente tabla enumera el control partidario de los departamentos del Perú.
La siguiente tabla enumera el control partidario de las provincias donde se ubican las capitales así como las más pobladas de cada departamento, además de aquellas con una población por encima o alrededor de 62 000. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
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