El Banco Condal fue una institución financiera de Barcelona, España, heredera de la Banca Rosés, cuyos orígenes se remontan a 1837. Cesó su actividad en 1984, tras haber sido expropiada por el Estado a raíz del caso Rumasa.
La familia Rosés constituyó la entidad en Barcelona, en 1837, como Rosés y Compañía.[1] En 1930 se convirtió en sociedad anónima como Banca Rosés.[2] En diciembre de 1957, tras un cambio en el accionariado, se transformó en Banco Condal, con Enrique Santamaria como presidente y Francisco Ràfols en la vicepresidencia.[1][3]
En 1965 abrió la primera agencia urbana en Barcelona.[1] En 1966 se produjo un nuevo movimiento accionarial, con la salida de Santamaria y Ràfols, que vendieron sus participaciones a los socios del grupo inmobiliario Spai: Manuel Grau Villa, que se convirtió en consejero delegado, y Miguel Vall Bragulat, yerno del entonces alcalde de Barcelona, José María de Porcioles. Con ellos también ingresaron en el consejo de administración Juan Bartolí, marqués de la Foronda; José María de Muller, presidente de la Diputación de Barcelona; Juan Bautista Beltrán Flórez,[4] teniente alcalde de Barcelona; y Guillermo Bueno Hencke, delegado de servicios del Ayuntamiento de Barcelona, que fue nombrado presidente del consejo.[1][5][6] En esa época se consideró al Banco Condal como el brazo financiero del alcalde Porcioles.[7]
A principios de los años 1970 el Condal inició un período de expansión. En 1971 se hizo con un paquete mayoritario de acciones del Banco Peninsular de Madrid.[8] En 1973 adquirió el control de un banco en la República Dominicana -Banco Condal Dominicano-, promovió sin éxito la creación del Banco de Tarragona y aumentó su red a 16 oficinas.[1][7]
En diciembre de 1974 el empresario jerezano José María Ruiz Mateos, adelantándose a Banca Catalana, compró el Banco Condal, que pasó a formar parte del grupo de bancos de Rumasa.[7][9] En los años siguientes la entidad continuó su expansión territorial, contando con 89 oficinas en 1977.[10]
El 23 de febrero de 1983, el Consejo de Ministros del Gobierno de España decretó la expropiación forzosa de Rumasa, alegando múltiples irregularidades en los bancos y sociedades del grupo. Un año después de la intervención, las 16 entidades financieras del grupo Rumasa fueron reprivatizadas, excepto en el caso del Banco Condal, que se vio abocado a la desaparición, según la Asociación Española de Banca Privada, "por su compleja estructura y la nula complementariedad de su red".[11] La entidad contaba por entonces con 92 oficinas, radicadas la mayor parte en la provincia de Barcelona, 836 empleados, 30.201 millones de pesetas en recursos ajenos y 59.244 millones en activos.[12] La red de oficinas y la plantilla se repartió entre una docena de bancos privados españoles: Banesto, Central, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, Santander, Popular Español, Sabadell, Pastor, Zaragozano, Herrero y March.[13] El pasivo se repartió entre el Banco de Bilbao (38,2%), Central (30%), Banesto (12,5%), Santander (10%) e Hispano (9,2%).[14] Tras el desmembramiento, la personalidad jurídica del banco quedó extinguida el 1 de agosto de 1984.[7]
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